La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, ASOCARS y las CAR del país, rechazan el acto violento contra una comisión técnica de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR, ocurrido el día de hoy.
Según informó la Corporación, el hecho de violencia se dio en la vereda Santa Cecilia, zona rural de Cúcuta, contra un funcionario, un contratista y el conductor de la camioneta, quienes fueron retenidos cuando adelantaban una comisión técnica, y posteriormente fueron liberados. La camioneta fue hurtada.
Este hecho se suma al secuestro del director general de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Chocó, CODECHOCÓ Arnold Alexander Rincón López, ocurrido el pasado 26 de abril, y de quien aún no se tiene información de su paradero.
“Nos solidarizamos con nuestros compañeros de Corponor, en cabeza de su director, Rafael Humberto Camacho Carrillo. Ante la compleja situación de orden público que afecta gran parte del país, para el ejercicio de la autoridad ambiental se hace necesario garantizar la seguridad de los funcionarios de las CAR”, dijo Yesid González Duque, director ejecutivo de Asocars, ya que más del 70% de los funcionarios de las CAR, cumplen funciones operativas y de autoridad ambiental, por lo que se reitera el llamado a las autoridades competentes a proteger su vida, y así garantizar la adecuada protección de los recursos naturales.
La semana pasada, los directores de las CAR adelantaron un encuentro con los delegados de la Organización de Estados Americanos -OEA, Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para reclamar ayuda humanitaria para la pronta liberación del director de Codechocó.
Protección y seguridad
Una vez se conoció el secuestro del director de Codechocó, Asocars ofició al Gobierno Nacional expresando su preocupación por la creciente ola de violencia e inseguridad que afecta a sus funcionarios en todo el territorio nacional. Desde febrero de 2024, ASOCARS solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible su intermediación para garantizar el ejercicio legítimo de la autoridad ambiental en zonas donde presuntamente operan grupos armados ilegales, quienes han impuesto restricciones al acceso del personal de las CAR, poniendo en riesgo su integridad y limitando el cumplimiento de su misión institucional.
Asimismo, se solicitó al Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizar un análisis de riesgo y establecer esquemas de protección para los directores generales de las CAR, quienes desarrollan sus labores en territorios vulnerables y apartados del país.
