Mediante un proyecto de acuerdo que radicará en las próximas horas ante el Concejo Municipal, el alcalde Alexander Baquero destinará $2.000 millones para asumir los costos de alimentación de personas recluidas en centros de detención transitoria de la ciudad.
La decisión se tomó debido a que la Ley 2346 de 2024, que otorgaba de manera transitoria a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) la responsabilidad de suministrar alimentación en estaciones de Policía, unidades de reacción inmediata y otros centros similares, perderá vigencia el próximo 30 de junio.
Con esta disposición, desde el primero de julio los entes territoriales deberán asumir esa responsabilidad con recursos propios, lo que representa un reto adicional para los alcaldes, especialmente en un contexto donde el Gobierno nacional ya les ha transferido múltiples obligaciones.
“Con el presidente de la Corte Constitucional, Magistrado Jorge Enrique Ibáñez, estuvimos gestionando una reunión con la exministra de Justicia y Derecho, Ángela María Buitrago, pero ante su reciente renuncia, optamos por realizar dicho traslado presupuestal”, argumentó el mandatario.
Actualmente hay cerca de 500 personas retenidas transitoriamente en dichos centros y asumir los costos que demanda su alimentación diaria reducirá en cerca de 10.000 millones de pesos anuales el presupuesto de la capital del Meta.
Ante esta nueva carga, fue necesario recortar los recursos de varias dependencias y con los ajustes presupuestales que se harán próximamente, se buscará cumplir con esa obligación.
El proyecto de adición presupuestal está aforado en 4.751 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones serán para la alimentación de estas personas y los recursos restantes para otros rubros de la Administración.
