El exgobernador de Arauca (2012 – 2015 y 2020 – 2021), José Facundo Castillo Cisneros, enfrenta un nuevo capítulo judicial. El exmandatario local del Partido de la U fue imputado ante el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, esta vez por irregularidades en un contrato de construcción de vías. Los cargos no fueron aceptados.
Así mismo, según las pesquisas, se gestionó una adición presupuestal para subsanar omisiones que se habrían generado a ese convenio, por lo que el valor total del contrato superó los $20.700 millones. De acuerdo con la Fiscalía, esto generó un detrimento patrimonial de más de $2.800 millones. El dinero, al parecer, llegó a los bolsillos del contratista.
El pasado 15 de mayo, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años y dos meses de prisión a Castillo Cisneros por hechos de corrupción en otro contrato cuando se desempeñó como gobernador de Arauca. Según el alto tribunal, la contratación de dotación mobiliaria para colegios del departamento quedó en manos de un solo oferente.
Según el fallo, el exmandatario local favoreció, conscientemente, al consorcio Educando Arauca, representado por Óscar Evelio Durán Rodríguez. Para los magistrados, la licitación pública fue construida con la única intención de que el convenio llegara a manos del consorcio.
“Actuó conscientemente de que el trámite contractual se estaba adelantando de forma amañada, por ello es imposible aceptar que confió en que sus subordinados actuaban con apego a la legalidad, cuando es claro que se abstuvo de cumplir sus deberes de control y vigilancia sobre ellos”, señaló en su momento la Corte Suprema.
A todo esto se suma que, en octubre de 2021, Castillo Cisneros fue capturado por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, administración desleal y financiación del terrorismo.
El ente investigador determinó que el exgobernador, al parecer, entregó contratos a personas cercanas a la guerrilla del ELN, todo a cambio de protección armada para sus campañas y apoyo político. En 2022, 33 bienes de su propiedad fueron ocupados por la Dirección de Extinción de Dominio.
