Se vive una situación crítica de orden público en este momento en Arauca, un departamento en el oriente de Colombia que tiene una extensa frontera con Venezuela. Según la Policía del departamento, al menos 12 personas están secuestradas en este momento por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que desde hace años ejerce control territorial sobre Arauca. Las autoridades aseguran que fueron raptadas por el grupo ilegal este sábado en el municipio de Puerto Rondón. Sumado a esto la comunidad de Tame, a una hora y media por carretera, alega que tres civiles más están privados de libertad desde este fin de semana por el mismo grupo ilegal. Las Personarías los dos municipios al suroccidente del departamento afirman que hay al menos tres menores de edad están entre los 15 secuestrados.
Los crímenes ocurrieron en varios corregimientos, explican las autoridades. Hubo raptos en Normandía, El Progreso y La Esmeralda ―todas veredas de Puerto Rondón―, y también en Las Nubes y Bisas de Cuiloto, en Tame. Eduardo Simón Cedeño, politólogo y analista araucano, explica a este diario que se trata de una zona en la que existe una disputa por el control territorial entre el ELN y los disidencias de las extintas Farc. De acuerdo con otra denuncia pública hecha por la Corporación Ambiental Amazonía Verde, entre los privados de libertad están el líder social de la comunidad de Puerto Rondón, Rubén Vega Vezga, y varios miembros de su familia. Además de los secuestros, la violencia ejercida por el ELN desencadenó una “situación humanitaria” en la que más de 130 personas se han visto desplazadas desde el fin de semana, entre los dos municipios.
Estos secuestros ocurren justo cuando están en crisis las negociaciones entre Estado y el ELN, en el marco de la paz total, la política bandera del presidente Gustavo Petro. La semana pasada, Olmedo López, el protagonista del enorme y laberíntico escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), alegó ante la justicia que una congresista intentó dirigir dinero público al ELN para salvar las negociaciones. Según los señalamientos de López, Karen Manrique, representante por Arauca, fue quien presionó para que un contrato de la UNGRD terminara beneficiando a esa guerrilla, porque esta última exigía dinero en la mesa de negociación para parar su práctica de secuestros extorsivos. Olmedo López salió de su cargo antes de que ese contrato se terminara de tramitar.
Manrique y los representantes del Gobierno en la mesa de negociación del ELN han negado los señalamientos. Pero, ante esas acusaciones, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y quien hace parte de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el ELN, planteó el pasado viernes congelar las negociaciones con este grupo armado. Laufarie, un fuerte opositor del Gobierno de Petro, escribió en una columna de opinión que el Estado debe congelar los diálogos con el ELN “hasta que se aclare el presunto desvío de dineros en Arauca, y puedan proseguir las negociaciones sin prevención alguna, pues la sombra de la corrupción oscurece el camino hacia la paz”. La Corporación Ambiental Amazonía Verde también se refirió a esos diálogos en su comunicado sobre los secuestros de este fin de semana. “Exigimos a la mesa de diálogo entre el Gobierno y el ELN que se enfoque en la liberación inmediata y la protección de vida [de los raptados]”, declaró.
El ELN había renunciado en diciembre pasado al secuestro con fines económicos, una de sus prácticas más repudiadas. El anuncio marcó un hito en el proceso de paz colombiano. Sin embargo, la guerrilla informó en mayo que retomaba la práctica, señalando al Gobierno de Petro de mostrar “poca voluntad” de avanzar con la creación de un fondo de donantes para garantizar una financiación alternativa. El secuestro de más de una docena de personas en Arauca vuelve la posibilidad de avanzar en la paz aún más complicada.
