Las acciones investigativas contra la deforestación en la Amazonía colombiana lideradas por la Fiscalía General de la Nación, pusieron al descubierto a los señalados propietarios de empresas forestales que estarías dedicadas al almacenamiento de la madera extraída ilegalmente de los Parques Nacionales Naturales La Paya, Amacayacu y Río Pure, y su posterior venta a diferentes destinos nacionales y de Ecuador.
Se trata de Jesús Edgar Fernández de la Cruz, Neftalí Carvajal Carvajal, Juanito Guillermo Jurado Castillo, Rubén Darío Pantoja Nastascuas, Manuel Salvador Villa Rivera, Héctor Germán Tapias Realphe, Edison Alfonso Cuaical Taimal y José Luis Canacuán Valenzuela. Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Ambientales y el Medio Ambiente presentó a estas personas ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, el cual no fue aceptado.
Los elementos materiales probatorios indican que los hoy procesados tendrían centros de acopio y de distribución en San Miguel (Putumayo) y Cumbal (Nariño). A estos puntos, al parecer, llegaba la madera obtenida en las áreas de reserva forestal, y se coordinaba la comercialización y envío a Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades capitales, y a Ecuador. De esta manera obtenían ganancias ilícitas mensuales que superaban los 350 millones de pesos.
En diligencias realizadas de manera conjunta con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional fueron encontrados en los lugares de almacenamiento 100 metros cúbicos de madera de especies protegidas. Además, se constató que los señalados propietarios de las empresas forestales disponían y trasladaban los productos sin tener los salvoconductos y ejercían la actividad sin estar registrados ante las autoridades ambientales.
Como parte de esta investigación recientemente fueron judicializadas 11 personas que harían parte de este entramado delincuencial, entre ellas 6 funcionarios de Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).
