Colombia ha sido de los pocos países en los que el Estado no había hecho la tarea democrática con relación al campo y la tierra. Un país que sufrió los golpes de la violencia por el acaparamiento de esta, que cobró la vida de cientos de familias rurales y que le exige al Gobierno Nacional avanzar en la materialización de la reforma agraria para dar cumplimiento al punto uno de los Acuerdos de Paz.
Durante el debate de control político en el Senado de la República, ayer 27 de agosto, la Agencia Nacional de Tierras demostró la importancia de insistir permanentemente en el legítimo derecho del campesino por adquirir un pedazo de tierra.
“La época en que el antiguo Incoder falsificaba títulos para privilegiar latifundistas terminó. Ahora más que nunca se privilegian las aspiraciones de los campesinos que padecieron las duras consecuencias de la guerra, detener un piso donde su familia sienta la seguridad jurídica, de tener la capacidad y los medios productivos para hacer grande este país, es lo que alimenta el sueño y la aspiración colectiva de hacer esta reforma agraria” dijo Harman.
En los últimos seis meses la entidad, bajo el liderazgo del director Felipe Harman, ha adquirido más de 142.000 hectáreas en tan solo dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro, mientras que en la era Santos se adquirieron 17.882 hectáreas y en la era Duque cerca de 18.159 hectáreas para campesinos y comunidades étnicas.
Por su parte, la formalización de la tierra alcanzó 1.130.101 de hectáreas formalizadas para que los campesinos del país puedan producir alimentos con la certeza de que la tierra que trabajan es propia.
