Un llamado urgente a la Agencia Nacional de Tierras – ANT y a la gobernación del Vichada para trabajar articuladamente por las necesidades del Pueblo Indígena Sikuani de la comunidad de Barrulia del municipio de Puerto Gaitán, realizó la Gobernación del Meta y el Ministerio Público, durante el Consejo Extraordinario Departamental de Derechos Humanos, Derechos Internacional Humanitario y Paz.
Esta petición se dio, luego de realizarse un seguimiento a los hechos ocurridos debido al proceso policivo en cumplimiento a un fallo judicial a esta comunidad que estaba asentada en un bien privado, pero que, desde el 2021 reclaman la titulación de sus tierras que, según ellos, les dejaron sus ancestros.
En ese sentido, el defensor Regional del Pueblo, Diego Meyer Artunduaga, dijo que son 100 personas, no 500, ni 400, las que fueron desalojadas y hoy se encuentran en condición de vulnerabilidad, de la cuales más del 90% pertenecen al departamento del Vichada, por lo cual hizo un llamado a la Alcaldía municipal para que, de acuerdo a sus competencias, realice la atención prioritaria a esta población indígena.
Por su parte, el Gobierno departamental del Meta se comprometió en adelantar el próximo 23 de julio, con la gobernación del Vichada, el Ministerio Público, ICBF y Ministerio del Interior, una reunión con el fin de trabajar articuladamente en acciones que contribuyan a la prevalencia de los derechos de la comunidad de Barrullia y evaluar en el marco de la ley, el retorno de esta población a su lugar de origen.
Finalmente, el procurador regional Javier Sandoval, pidió convocar al Comité Departamental de Justicia Transicional a la Agencia Nacional de Tierras en razón a que aclaren y determinen unos plazos perentorios a fin de lograr evacuar todas las solicitudes y demandas que hacen los indígenas con el presunto llamado de tierras ancestrales.
